Publicado en La Jornada / Martes 26 de mayo de 2009
Promover la justicia ambiental en México es una actividad arriesgada. Que lo digan si no quienes conocieron al campesino Aldo Zamora, balaceado por cuatro talabosques; que lo cuente Verónica Hernández, acosada judicialmente por Granjas Carroll; que lo platiquen Santiago Pérez, preso durante meses por defender el agua de las comunidades mazahuas, o Agustín Ríos, salvajemente golpeado por la policía oaxaqueña por luchar contra la operación de una mina.
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